La (contra) reforma de las pensiones
José María Zufiaur
De la contrarreforma de las pensiones que pretende sacar adelante el Gobierno quiero destacar cinco de sus características:
* Únicamente se enfoca desde el lado del recorte de los gastos, nunca mediante medidas que aumenten los ingresos, ni siquiera respetando los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre financiación de los complementos de mínimos mediante aportaciones del Estado;
* no está fundamentada en datos que sean públicos y que, por tanto, se puedan debatir públicamente;
* no aporta previsiones de cómo van a afectar las reformas que se quieren hacer a la cuantía de las pensiones futuras;
* no contempla las variadas situaciones de la población que inciden en la equidad del sistema de pensiones: diferencias de esperanza de vida, tipos de trabajo, incidencia sobre las carreras de pensión de los trabajos precarios o de la discontinuidad laboral de muchas mujeres debido a responsabilidades extra-laborales, etc.;
* se pretende adoptar mediante un procedimiento sumario (antes de final de año) lo que supone impedir un debate real sobre uno de los pilares esenciales de nuestro modelo social.
En este artículo abordaré materias que el Gobierno – y todos los actores implicados – deberían de tener en cuenta a la hora de debatir sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y que, sin embargo, su proyecto de contrarreforma no plantea. Comienzo con dos de ellas.
La primera tiene que ver con el esfuerzo para lograr que aumente la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años. Si dicha tasa aumentara, pongamos por caso en 15 o 20 puntos, los ingresos de la seguridad social se incrementarían en una proporción significativa y los gastos de la misma se reducirían de igual manera. Algunos reconocidos expertos han señalado que conseguir que los trabajadores prolongaran dos años más su vida activa real (la media efectiva de jubilación es, en nuestro país, de 63 años y diez meses, una de las más altas de Europa) hasta alcanzar la jubilación a la edad establecida para tener derecho a la pensión completa, 65 años, sería mucho más efectivo para el sostenimiento del sistema de pensiones que retrasar dos años – de 65 a 67 – la edad de jubilación.
La experiencia finlandesa
La experiencia finlandesa aporta datos muy esclarecedores al respecto. Finlandia es uno de los países de la UE más afectados por el desequilibrio demográfico. Según las previsiones de la Comisión Europea, en los próximos veinte años este país nórdico alcanzará la tasa más elevada de personas mayores de la UE.
Bajo el lema “la experiencia es un patrimonio nacional”, Finlandia ha logrado que la tasa de empleo de los trabajadores con edades entre 55 y 64 años haya pasado del 34%, en 1995, al 55,5% en 2009.
La clave de tales resultados se resume en 7 medidas:
En primer lugar, en vez de aumentar obligatoriamente la edad de jubilación, optar por la flexibilidad voluntaria, permitiendo a los activos jubilarse entre los 63 y los 68 años, aunque es posible jubilarse anticipadamente a partir de los 62 años de edad.
Segundo, primar la prolongación voluntaria de la edad de jubilación: los que trabajan hasta los 68 años ven mejorada en un 23% su pensión, en comparación con los que se jubilan a los 63 años.
Tercero, endurecer los requisitos para las prejubilaciones.
Cuarto, establecer programas de formación dirigidos a dirigentes empresariales, con la finalidad de hacerles comprender la necesidad de cambiar de actitud respecto al envejecimiento de los trabajadores: un empresario de la construcción ha afirmado que gracias a tal cambio de óptica la edad media de jubilación en su empresa ha pasado de 58,5 a 62 años, sin que la productividad se haya resentido, al tiempo que las bajas por enfermedad se han reducido a la mitad.
En quinto lugar, los finlandeses han centrado su esfuerzo en mejorar las competencias de los trabajadores de más edad y redefinir y adaptar sus puestos de trabajo.
Sexto, han bombardeado a los medios de comunicación con datos de todo tipo a lo largo de varios años para convencerles de lo acertado de tal estrategia.
En fin, la clave del método finlandés ha sido apostar por la mejora del ambiente y de las condiciones de trabajo. Consideran que esa es la clave para que los trabajadores puedan y quieran prolongar su vida laboral. De hecho, la siguiente fase del programa consiste en apostar por el bienestar en el trabajo a lo largo de toda la vida laboral y no sólo, como en la primera fase, en los últimos años de vida activa. A tal efecto, Finlandia ha elaborado un “índice de capacidad profesional” que recoge, al mismo tiempo, la salud física, el desarrollo de competencias profesionales y las nociones de comunidad profesional y de ambiente de trabajo. Un índice absolutamente novedoso en el campo de las condiciones de trabajo.
Los límites del trabajo
Complementaria de la experiencia finlandesa es la conclusión de la muy prestigiada revista médica Lancet. En su número de diciembre de 2008 publicó un artículo, “Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005” (Vol. 372, nº 9656)), en el que se sostiene que más determinante que la esperanza de vida en el nacimiento es, para el debate sobre las pensiones, la esperanza de vida sin limitación física o mental mediana o fuerte a los 50 años. Es decir, de cuántos años de vida sin limitaciones importantes va a disponer un trabajador a partir de los cincuenta años. En el conjunto de Europa, tal perspectiva se sitúa por debajo de los 20 años. Dicho de otra forma, los trabajadores, en media, estarán limitados para el trabajo antes de cumplir 70 años.
Para los autores de la revista científica mencionada, esta variable demográfica es esencial para valorar la equidad de las reformas de pensiones. En la medida en que la edad para acceder a una pensión completa se sitúe más cercana al límite fisiológico actual, mayor riesgo existe de afectar a una parte de la población que encontrará grandes problemas para poder seguir trabajando hasta la jubilación. También por razonamientos médicos, en suma, se puede llegar a la conclusión de que las reformas que se quieren llevar a efecto pueden desembocar en parados más viejos en lugar de en pensionistas más viejos.
Por otra vía, la medicina llega a la misma conclusión que los responsables políticos finlandeses. Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación no puede ser eficaz si no se mejora el estado de salud de los mayores de 50 años. Lo que, sin duda, pasa por los avances en la medicina, pero también por una profunda mejora de las condiciones de trabajo y un cambio en las políticas de recursos humanos. Cambios que, se insiste, tienen que empezar a aplicarse desde el inicio de la vida laboral y no a partir de cumplir la cincuentena.
La mujer
Una segunda materia que tiene mucho que ver con el futuro de la pensiones es la que afecta a la continuidad de la vida laboral de las mujeres. Uno de los mayores especialistas europeos en protección social, Gösta Esping-Andersen, ha afirmado recientemente (ver al final, en documentos relacionados: Un nuevo equilibrio de bienestar) que la primera medida para asegurar las pensiones debería de consistir en crear guarderías. Es decir, hacer posible que las mujeres completen una carrera laboral equivalente a la de los hombres. Actualmente, las pensiones de las mujeres que trabajan son, en general, inferiores en un 40% a las de los hombres. Esping-Andersen ha demostrado matemáticamente que los ingresos para el Estado de una mujer con dos hijos que se mantiene en el empleo, salvo durante el permiso de maternidad, gracias a las ayudas del Estado (en guarderías y escuelas maternales) son superiores a los gastos que estos apoyos ocasionan. De esta forma, la continuidad de las carreras profesionales de las mujeres contribuye a la sostenibilidad del sistema de pensiones. De hecho, mientras que en Suecia continúan trabajando el 66,7% de las mujeres con edades comprendidas entre 55 y 64 años, sólo un 36,6% lo hacen en Francia, un 32,3% en España y un 25,4%% en Italia. Ello no depende solamente de tener alternativas a la atención de personas dependientes sino también del acceso al empleo y de la tasa de ocupación de las mujeres. Pero ambas cuestiones son esenciales para asegurar el futuro de la seguridad social con buenas pensiones.
¿Se contemplarán estas cuestiones en la contrarreforma laboral que prepara el Gobierno?
El pacto intergeneracional
Los sistemas públicos de pensiones de reparto (así llamados porque se basan en la solidaridad colectiva y no en la capitalización individual) forman parte del contrato social de los países europeos. Son la expresión del grado de solidaridad de cada sociedad y se basan en un pacto intergeneracional: los que están trabajando, en el más amplio sentido, se hacen cargo de los que trabajaron anteriormente. Dicho de otra manera, los jóvenes de hoy son los que van a pagar, con sus cotizaciones, es decir, con su salario diferido, las pensiones de los viejos de mañana.
Para que tal pacto intergeneracional funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en el futuro del sistema de pensiones. Y que cualquier reforma que se plantee cuente con el más amplio debate y un gran consenso social.
No es, por tanto, extraño que los más interesados en crear alarma sobre el futuro de las pensiones sean las entidades financieras, que tienen un gran interés en el debilitamiento (y, si fuera posible, en la eliminación) del sistema público de reparto para, de esta manera, incrementar el espacio de los fondos privados de pensiones. Estas entidades son quienes financian reiteradamente estudios para tratar de “demostrar” la inexorable quiebra del sistema. Estudios prospectivos que nunca aciertan. Si sus predicciones hubieran sido acertadas, nuestro sistema público de pensiones ya habría quebrado en varias ocasiones a lo largo de los últimos quince años. De momento, sin embargo, sigue con superávit. Mientras tanto, los fondos privados han conocido en los últimos años, como consecuencia de la crisis, pérdidas de cerca de un 30% en el conjunto de la OCDE.
A tales propagadores de los peligros que acechan a las pensiones públicas y silenciadores del desastre que sufren las privadas – siempre disfrazados de expertos imparciales defensores del futuro de las pensiones – no les gusta ni el debate ni el consenso sobre el futuro de nuestras pensiones. Defienden que las medidas sean decididas por un grupo restringido de expertos (casi siempre, directa o indirectamente, subvencionados por las entidades financieras), desconfían de las decisiones políticas (siempre, según ellos, contaminadas por la opinión pública y las elecciones) y no les gustan tampoco los consensos sobre la materia. Como muestra, dos botones. Recientemente, los economistas de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada, en su mayor parte, por los grandes bancos y otras entidades financieras) reclamaba que la reforma de las pensiones fuera una decisión técnica y no política. Y el anterior Jefe de la Oficina Económica del Gobierno y actual Presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, David Taguas, demandaba que las pensiones, y desde luego la suya, no fuera objeto de ningún consenso fuera del ámbito parlamentario. Como se recordará, en 2006 en un difundido artículo de la revista Panorama Social de FUNCAS, éste venía a proponer la introducción progresiva dentro del sistema de pensiones de un tramo de capitalización individual y gestión privada.
La participación sindical
Tales manifestaciones contrarias al acuerdo con los sindicatos no sólo atentan contra la más elemental prudencia política, sino que ignoran también que nuestra Constitución y algunas normas internacionales sobre seguridad social, ratificadas por España, contemplan la participación sindical en aquellas cuestiones que afecten a la calidad de vida o al bienestar general.
Otra característica de este tipo de probos “defensores” de nuestras futuras pensiones es que no aplican para ellos lo que exigen para los demás. Así, el dictador Pinochet cuando acabó en Chile con el sistema público de pensiones e implantó el sistema de capitalización (que ha devenido en un desastre monumental) se guardó muy bien de no aplicarlo a los militares, quienes continuaron con su anterior sistema de reparto. A su vez, el Sr. Goirigolzarri, ex Consejero Delegado del BBV – entidad que se ha distinguido por la realización de estudios prospectivos para tratar de demostrar la inminente quiebra del sistema público español de pensiones – abandonó su cargo con una pensión diaria de 9.000 euros, 3 millones al año. Una pensión calculada no sobre toda su vida laboral, ni siquiera sobre sus veinte últimos años de trabajo, sino sobre su salario de los dos últimos años. Más prosaico, pero igualmente contradictorio con lo que dicta a los demás, es lo que hace el Fondo Monetario Internacional con sus funcionarios: pueden retirarse a los 25 años de trabajo cobrando pensiones de unos 160.000 euros anuales, la totalidad de sus últimos salarios en activo (Navarro, Sistema digital, 2010).
Pero si ese es el “modus operandi” de los interesados en el debilitamiento de las pensiones públicas, una actitud muy distinta debería adoptar el Gobierno de la nación. Una actitud de explicación fundamentada. Una actitud de búsqueda de consenso. Una actitud de abordar la reforma de las pensiones en toda su complejidad. De momento, nuestro Gobierno no ha adoptado ninguna de las tres.
Otras tres cuestiones
Siguiendo con el método que he iniciado, pretendo plantear otras tres cuestiones que deberían, a mi entender, formar parte del debate sobre el futuro de las pensiones.
* En primer lugar, es imprescindible que el Gobierno explicite y fundamente su propuesta. Y la someta al debate público y a la negociación con las fuerzas políticas y con los interlocutores sociales. En Francia, la oposición socialista ha demandado que la reforma de las pensiones se realice por consenso o que, en su defecto, tal materia forme parte de los programas de los partidos en las próximas elecciones generales.
Fundamentar su propuesta debería de suponer, como mínimo, establecer escenarios no trucados que expliquen los factores de riesgo del sistema de pensiones: la mayor parte de los estudios prospectivos de las pensiones minusvaloran algunas variables: el empleo no crece en treinta años, el crecimiento del PIB y del PIB per cápita no supera el 1% de media anual en varias décadas, la natalidad permanece invariable de aquí al año 2050, etc. Así mismo, implicaría cuantificar (como ha hecho el gobierno francés) el ahorro de cada una de las medidas que se proponen. Y argumentar por qué no se recurre, en su caso, a otras formas alternativas de financiación.
También tendría que explicitar la pérdida que las medidas que pretende adoptar suponen para las futuras pensiones. Según un estudio de octubre de 2010 – Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra: “The Government’s Proposal for the Spanish Pension System: A Quantitative Analisys” – aumentar cinco años el cálculo de la base reguladora reduciría la pensión media de jubilación un 6%. Si a ello se añade la ampliación de la edad de jubilación a 67 años, la reducción de la pensión media sería del 10%; y si a la ampliación de la edad de jubilación se le sumara un cálculo de la base reguladora no de veinte años sino a toda la vida laboral, la pensión media de jubilación se rebajaría en un 26,4%.
Es ilustrativo, en este último supuesto, la explicación que proporciona el estudio sobre las razones que inciden en esa caída de la pensión media en más del 26%: 1) porque las rentas salariales son menores a edades más tempranas; 2) porque al retrasar la edad de jubilación la renta salarial también disminuye a edades más avanzadas, dado que los trabajadores reducen su oferta de trabajo en esas edades; 3) porque el retrasar la edad de jubilación hace que más personas se jubilen anticipadamente y, por lo tanto, más personas sufren penalización por hacerlo.
* En segundo lugar, como sostiene el sociólogo francés Robert Castel, a la hora de realizar una reforma justa y equitativa del sistema de pensiones, tan importante como la ampliación de la esperanza de vida es tener en cuenta los extraordinarios cambios producidos en el universo de los trabajadores.
Se ha producido, en efecto, una auténtica explosión entre los asalariados. El mundo de los trabajadores se ha diversificado de manera nunca conocida en el pasado. Un mundo en el que siguen existiendo actividades penosas propias de la primera mitad del siglo XX. A las que actualmente se añaden otras que producen estrés y nuevas enfermedades profesionales. Y hasta, de forma creciente, suicidios y muertes debidas al trabajo.
Pero también existen actividades laborales, a todas las escalas del universo asalariado, gratificantes. De tal manera que unos trabajadores necesitan, por ejemplo, jubilarse a los 55 años y otros pueden y desean seguir trabajando hasta los 70 o más años.
La edad no debería ser, por tanto, la variable fundamental para definir la duración de la vida laboral. Tratar de homogeneizar a todos mediante una determinada edad de jubilación no responde en absoluto a la complejidad de la nueva realidad laboral y es fuente de incremento de las desigualdades y de las injusticias en el trabajo.
* En tercer lugar, el debate sobre el futuro de las pensiones habría de tener en cuenta la situación de los jóvenes. Con las reformas que se anuncian, los jóvenes van a pagar por partida doble o triple. Con la ampliación de la edad de jubilación o de los años para tener derecho a una pensión completa tendrán que trabajar más años. Lo que parece una quimera teniendo en cuenta la edad en que entran a trabajar los jóvenes y la edad en la que están saliendo del mercado de trabajo los mayores. Además, en el mejor de los supuestos, trabajarán más años para cobrar una pensión inferior.
A ello hay que añadir que, por lo menos en época de crisis y a nivel microeconómico, la ampliación de la vida laboral de los mayores puede taponar el acceso al empleo de los jóvenes. Aunque el aumento de la tasa de empleo de los mayores no implica necesariamente menos posibilidades de empleo para los jóvenes. De hecho, es al revés en el conjunto de países que integran la OCDE: los que tienen una mayor tasa de empleo de los mayores son los que también tienen una tasa de empleo de jóvenes más alta. Pero cuando la economía no crece, y esta es la situación actual que puede prolongarse, entonces sí hay menos posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo si se pretende prolongar la edad de jubilación. Salvo que por otra vía, la de la reforma laboral, las empresas despidan a los trabajadores mayores para contratar a los jóvenes, mejor formados y con menores cargas sociales.
En conclusión, hay muchos factores que demandan una adecuación y reforma de los sistemas públicos de pensiones. Pero no hay una única manera de hacerlo. La que únicamente se basa en el recorte sólo garantiza la pauperización de las pensiones, el aumento de las desigualdades, sobre todo entre los sectores más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes, y el aumento del negocio de los gestores de fondos privados de pensiones.
El nuevo ministro
El nombramiento de Valeriano Gómez como ministro de trabajo parecía indicar que el Presidente del Gobierno estaba de acuerdo en darle un margen de maniobra para que tanto la reforma de las pensiones como la de la negociación colectiva no fueran impuestas conforme a los criterios del área económica del Gobierno sino que reflejaran opciones sustancialmente diferentes a las exigidas por la ortodoxia neoliberal. Reformas que no fueran de imposible negociación con las organizaciones sindicales y susceptibles, por tanto, de no ahondar aún más en el distanciamiento del Partido Socialista con su electorado.
El nuevo ataque de los mercados financieros sobre Irlanda, y también sobre Portugal y España, parece, sin embargo, haber barrido cualquier atisbo de que tal hipótesis se materialice. No sólo da toda la impresión de que al titular de Trabajo se le ha retirado cualquier margen de maniobra sino que pocas dudas pueden caber, tras las declaraciones y las medidas adoptadas por el Ejecutivo con motivo de la nueva evidencia del flanco abierto que representa la deuda española, de que el Gobierno está dispuesto a aplicar taza y media sobre lo ya enunciado en esas y en otras materias (sanidad, por ejemplo)
No deja de ser paradójico que todo ello haya sido motivado precisamente por el ataque de los mercados sobre Irlanda. Un país cuya regulación laboral es una de las más, sino la más, desregulada de Europa. Y cuyo sistema de pensiones tiene uno de los componentes más elevados de fondos privados de toda la UE. Ello no hace más que confirmar lo que ya parecía evidente: ni la regulación laboral ni la estructura de los sistemas de pensiones tienen nada que ver con la crisis de la deuda y del crédito que afecta a cada vez más países de la UE. A los mercados lo que les interesa es, de un lado, la posibilidad de especular y, de otro, recuperar lo prestado.
El crecimiento español
Las dudas sobre la capacidad de que España, por ejemplo, crezca lo suficiente para generar ingresos y devolver la deuda (que, según distintos cálculos, puede representar – sumadas la privada y la pública – entre un 250% y más de un 300% del PIB) es lo que les tiene preocupados y encelados a los mercados. Y, mientras eso no se solucione, ninguna reforma laboral ni de las pensiones les va a calmar por muy radicales que tales reformas puedan llegar a ser. Lo único que puede calmarles o, más bien, dejarles fuera de juego es que la UE decida ser ella la que compre las deudas y no las deje a merced del arbitraje de los mercados financieros. Pero ello tampoco depende de las reformas del Estado Social sino de la voluntad política de hacer sostenible la UE. Otra cosa es que las elites neoliberales que gobiernan las instituciones comunitarias quieran aprovechar la coyuntura para dar el golpe de gracia al Estado de Bienestar.
Lo más seguro, por lo tanto, es que la reforma de las pensiones que finalmente lleve a cabo el Gobierno (en un plazo perentorio, con el apoyo o la abstención de los grupos de la derecha y haciendo añicos el consenso del Pacto de Toledo) se oriente más hacia lo que pide Aznar – achicar de entrada y demoler por entregas el Estado del bienestar – que hacia lo que propugna la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
La CES y el “Libro Verde”
En respuesta al Libro Verde de la Comisión Europea “Hacia sistemas de pensiones adecuados, viables y seguros en Europa”, la CES, en resolución aprobada por su Comité Ejecutivo del 13 y 14 de octubre de este año, resume las posiciones del movimiento sindical europeo respecto a las reformas de los sistemas de pensiones.
La CES niega, en primer lugar, que, contrariamente a lo que afirma la Comisión Europea, ese sea un debate puramente “técnico” ya que las decisiones que plantea son eminentemente “políticas”. Y añade, como consideración también previa, algo que conviene recordar: de acuerdo con los Tratados actuales, la UE no tiene ninguna competencia sobre los temas de Seguridad Social y, por lo tanto, sobre los sistemas nacionales de pensión. Un oportuno recordatorio cuando subrepticiamente se da a entender que tales reformas son una exigencia comunitaria y muchos de los responsables de las instituciones europeas no tienen empacho – desde Comisarios hasta integrantes del Banco Central Europeo – en hacer declaraciones abogando, cuando no exigiendo, que se lleven a cabo.
La resolución de la Confederación sindical europea incide, además, en tres cuestiones centrales.
* En primer lugar, considera que se sobreestima la ratio de dependencia demográfica y, en cambio, se subestima la ratio de dependencia económica. El determinante, en sistemas de reparto como los imperantes muy mayoritariamente en la UE, es el de la dependencia económica. Lo esencial es el número de personas con empleo que son quienes financian el sistema, el aumento de la productividad y de la riqueza producida. La prioridad, por lo tanto, tendría que consistir en aumentar la tasa de empleo y la calidad del mismo. Sin una política de empleo para todas las edades, retrasar la edad de jubilación, de forma legal e indiscriminada, no tiene ningún sentido.
La razón más evidente es que muchísimos trabajadores no tienen posibilidad de llegar, actualmente, a la edad legal de jubilación, debido a que las empresas utilizan a los trabajadores mayores como variable de ajuste.. La misma Comisión reconoce que “menos del 50% de los ciudadanos siguen trabajando a la edad de 60 años”. Pretender retrasar la edad legal para acceder a la pensión es, en el contexto actual, simplemente desplazar el problema sin darle solución, es decir, transferir el problema financiero de las pensiones al problema financiero del paro y al incremento de los pensionistas pobres. No basta con decretar que hay que trabajar más años, es necesario que haya trabajo para poder hacerlo. Por otro lado, debido a los diferentes tipos de trabajo, los trabajadores no tienen la misma salud ni la misma esperanza de vida al llegar a la edad de jubilación. Por ello, la CES considera que el esfuerzo hay que orientarlo a hacer coincidir la edad efectiva de jubilación con la edad legal y rechaza totalmente toda medida automática de aumento de la edad legal de jubilación.
* En segundo lugar, los sindicatos europeos niegan el apriorístico postulado de la Comisión Europea que consiste en aceptar que las pensiones públicas deberán inexorablemente reducir su cuantía en el futuro. Tal recorte no es ninguna fatalidad, señala la CES, a condición de que la prioridad se oriente a:
o El desarrollo del empleo, de la calidad del mismo y del aumento de los salarios. Sobre la base del empleo precario, caracterizado por contratos temporales, empleos a tiempo parcial no elegidos, intermitentes, becarios, mal pagados, empleos incluidos en el umbral de pobreza – que afectan especialmente a las mujeres y a los jóvenes – no se pueden construir pensiones adecuadas, viables y seguras. Un trabajador pobre será, inevitablemente, un pensionista pobre.
o Invertir en servicios sociales de calidad. También en este tema, el único enfoque de los Gobiernos es el del coste. Cuando, en realidad, la dependencia y la atención a la infancia representan oportunidad de empleo cualificados que contribuyen a la financiación de la protección social y al desarrollo económico. Además, facilitan la conciliación de la vida laboral y familiar, la continuidad de la mujer en el empleo, carreras de pensión equivalentes entre hombres y mujeres y sostenimiento financiero de la protección social y de las pensiones.
o Garantizar y mejorar la financiación de los sistemas de protección social. Invertir en la protección social no es sólo un gasto, es también “una inversión productiva”. Los estabilizadores automáticos han sido un factor clave para hacer frente a la crisis en el primer momento. Lo que se invierte en salud, en dependencia, en pensiones, en conciliación, en permanencia de los trabajadores en carreras completas, en la infancia son factores esenciales del desarrollo económico del futuro. La CES rechaza totalmente el nuevo enfoque sobre las pensiones: ahora ya las pensiones no es que dependan de las finanzas públicas, sino que se pretende que su evolución esté condicionada al saneamiento de las cuentas públicas. Para ello es necesario reformar los sistemas fiscales, abordar un reparto más justo de la riqueza y acabar con las exoneraciones fiscales en favor de las pensiones privadas.
o Apostar por el reforzamiento de los sistemas públicos de pensiones. Lo que implica señalar los riesgos de los sistemas complementarios privados basados en la rentabilidad de las inversiones financieras, poner coto a la fagocitación que tales fondos realizan sobre los sistemas públicos, endurecer las reglas de solvencia hacia los mismos, privilegiar, en todo caso, los fondos colectivos basados en la negociación y la gestión paritaria entre empresarios y trabajadores.
Las reglas fundamentales
En fin, la CES insiste en tener en cuenta la experiencia para someter cualquier proyecto de reforma de los sistemas de pensiones a una serie de reglas fundamentales:
* Las reformas deben de basarse en diagnósticos y datos compartidos. Lo que implica intercambio, diálogo y concertación.
* Deben de implicar a todas las partes afectadas. No pueden ser, por tanto, obra exclusivamente de los políticos, sino que deben incluir en la decisión a otras organizaciones representativas de la sociedad, especialmente a los sindicatos de trabajadores, ya que la financiación de las pensiones es, en su inmensa mayor parte, salario diferido.
* Deben ser justas y equitativas y afectar a todos, no solamente a una categoría de personas.
* Deben de inscribirse en un proyecto de largo plazo, lo que es una condición esencial para su aceptabilidad social.
* Tales reformas deben ser objeto y estar sometidas a evaluaciones periódicas. También en este caso, su pertinencia, su utilidad o no, su mantenimiento o no, debería contar con el más amplio consenso.
* Finalmente, las reformas de las pensiones deberían inexorablemente tener en cuenta la diversidad de empleos y de carreras profesionales existentes en el actual mundo del trabajo.
Estimados lectores ¿creen ustedes que alguna de estas tres prioridades está presente en lo que se conoce – que no es prácticamente nada, lo que ya, en sí mismo, es un dato demoledor – de la reforma de las pensiones que el 28 de enero se ha comprometido a presentar el Gobierno? ¿Creen ustedes que todos los que proclaman, en España, en Europa, en el mundo, que ésta no es una política socialdemócrata sino liberal y que sí cabe hace otra sustancialmente distinta, en el discurso y en la práctica, están equivocados? ¿No creen que lo más urgente que debería hacer la izquierda es un debate nacional e internacional sobre esta decisiva cuestión? En Francia, al menos, se ha promovido un manifiesto de los “economistas aterrados”. Aquí, en España, sólo realizan manifiestos los “economistas aterradores”, los 100 economistas de FEDEA.
Desolador.
José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.
Este artículo también lo publica -por entregas- Sistemadigital, de la revista Temas.
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